Estamos desconcertados, pero no estamos sorprendidos, de las noticias que nos llegan en estos días acerca de las exploraciones y extracciones de tierras raras en Fuerteventura.
Después de meses en los cuales el Gobierno daba a entender que el asunto de las tierras raras en Fuerteventura ya estaba prácticamente archivado o al menos controlado, “Majoreros tranquilos” decía el Vicepresidente Domínguez, y el mismo Domínguez cándidamente nos informa ahora que las solicitudes siguen sin molestia alguna su curso.
El Gobierno nos proporcionó varias versiones de la historia, versiones que cambiaban cuando la versión anterior ya no era creíble. Y precisamente:
- el día 2 de mayo el Presidente del Gobierno anunció que la empresa Satocan se retiraba, unos días después la empresa comunicaba a la prensa que no tenía ninguna intención de retirarse;
- entonces la empresa no se retiraba, se quedaba allí para protegernos de nuevas solicitudes que podían aparecer, por cierto estamos hablando de la misma empresa que unos días antes estaba lista para devastar nuestra Isla;
- más tarde apareció el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias iba a presentar sus solicitudes de exploración, de manera que las exploraciones pasaban bajo control del Gobierno;
- finalmente nos informan que los trámites siguen sin molestias su curso y, aún más, que el gobierno debería AUTORIZAR LAS EXPLORACIONES.
Aquí entra en juego la subrogación, para simplificar: el Gobierno autoriza las exploraciones y busca un acuerdo con la empresa para que le ceda las autorizaciones. O por lo menos esta es la última versión del Gobierno.
¿Cómo acabará todo esto?
Queriendo hacer una predicción, el Gobierno a su debido tiempo nos comunicará: “lo sentimos, no hemos encontrado la manera de pararlo y no hemos podido llegar a un acuerdo” cuya traducción es “la empresa Satocan hará lo que le da la gana en nuestro territorio”.
Les hacemos un par de preguntas, a las cuales obviamente nadie del Gobierno se molestará en contestar:
El Gobierno intenta asustar con el espectro de “sanciones millonarias”. Dado que la empresa Satocan tiene intereses multimillonarios en varios contratos públicos y en todas las islas, ¿en serio quieren hacernos creer que el Gobierno no tiene “argumentos suficientes” para persuadir a la empresa a hacer exactamente y sin discutir lo que el Gobierno quiere?
Y por lo tanto, ¿el Gobierno realmente tiene intención de parar este asunto o quiere seguir con su intención inicial de atentar a la salud pública y devastar Fuerteventura limitándose mientras tanto a hacer teatrillo?
Las tierras raras son estratégicas, pero son desmesuradamente mucho más estratégicas la salud de nuestras familias, nuestro medioambiente, la agricultura, la ganadería, la pesca, todo nuestro entorno, el paisaje y el motor económico de nuestra isla que desaparecerá.
Evidentemente no entienden bien la gravedad del peligro a la que nos están exponiendo y les advertimos que si no paran inmediatamente el tren que desgraciadamente pusieron en marcha no podrán pararlo más.
La Plataforma vuelve a pedir a todas las instituciones de Fuerteventura y a todos los grupos políticos de unirse firmemente.