La Plataforma, y estamos seguros también que la población de nuestra Isla, está al lado del Cabildo Insular de Fuerteventura, de su Presidenta Lola García y de todos los grupos políticos que lo componen en sus actividades para oponerse firmemente a la exploración y extracción de tierras raras en nuestro territorio.

Compartimos al 100% el informe, solicitado por la Presidenta, de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad y las conclusiones de su Director General Miguel Ángel Morcuende Hurtado, en concreto:

• las solicitudes presentan varias y graves deficiencias y omisiones;
• no se ha realizado una adecuada evaluación del impacto ambiental de los trabajos incluidos en los proyectos de investigación y sus posibles repercusiones en el medio natural;
• las actividades extractivas no se considerarían compatibles en el ámbito de la ZEC, en los ámbitos donde se ha inventariado la presencia de hábitats naturales de interés comunitario;
• se cuestiona la conveniencia de autorizar unos trabajos previos para el posterior desarrollo de actividades extractivas que se consideran incompatibles con la conservación de los elementos de biodiversidad descritos para los ámbitos afectados.

De la misma manera compartimos al 100% el dictamen jurídico solicitado por la Presidenta y formulado por el Doctor en Derecho y Abogado Martín Orozco Muñoz que destaca, sin duda alguna, que la admisión a trámite de las solicitudes es contraria a Derecho. En sus 49 páginas el dictamen aclara de manera incontrovertible las deficiencias, las omisiones, las irregularidades procedimentales y la incompatibilidad de una actividad minera en nuestro territorio.

El dictamen aclara definitivamente también un tema que parece preocupar significativamente al Gobierno: las indemnizaciones.
“La denegación de solicitudes de permisos de investigación o, en su caso, de solicitudes de concesiones de aprovechamiento no genera derecho indemnizatorio para el solicitante.
No obstante lo anterior, si la Administración otorgara un permiso de investigación a sabiendas de que la ulterior concesión de aprovechamiento resulta inviable o dicho permiso de investigación resultare anulado por ser contrario a Derecho, podrá el promotor reclamar de la Administración los daños y perjuicios concretados en el daño emergente (gastos inútiles efectuados) con ocasión de las labores del permiso de investigación.”

La Plataforma en la cuestión de indemnizaciones añade otro tema para reflexionar.
La empresa presentó unas solicitudes que se pueden resumir sencillamente en unos papeles vagos, llenos de imprecisiones, omisiones y errores, en los cuales la única parte “jugosa” se basa completamente en el trabajo decenal de investigación hecho por las Universidades Públicas.
Por consiguiente, si el simple hecho de presentar unos papeles a Industria podría generar un derecho indemnizatorio “millonario”, ¿por qué las Universidades Públicas no deberían asimismo solicitar a la empresa una indemnización multimillonaria debido a que dicha empresa utilizó y/o robó sus estudios, pagados con dinero público, con el fin de obtener un enorme beneficio privado?

La Plataforma por todo lo anterior insta al Gobierno a actuar sin dudas y/o retrasos de consecuencia para restablecer el Derecho y la seguridad jurídica, y de cumplir con la voluntad de la ciudadanía, del Parlamento, de los Diputados, del Cabildo de Fuerteventura, de todo los Cabildos de Canarias, de todos los Ayuntamientos de Fuerteventura y de todos los grupos políticos que los componen.